Invocando el caso Paolo Guerrero, River Plate vencerá a Boca Juniors en la mesa

El 15 de mayo del 2015, el superclásico argentino por octavos de final de Copa Libertadores fue abandonado cuando futbolistas de River Plate fueron atacados con gas lacrimógeno por hinchas de Boca. Tan solo once días después, en Zúrich, Suiza, dos presidentes de la Conmebol, Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, fueron arrestados a pedido de la justicia estadounidense bajo cargos de asociación delictuosa.

Esto último se conoció como el escándalo del "FIFAGate", por el cual se documentó que dirigentes del fútbol violaban las leyes de sus respectivos países al amparo de las leyes de la FIFA. Aunque el delito de soborno no estuviera penalmente tipificado en, digamos, Brasil o Argentina, este sí lo está en Estados Unidos y (al haber utilizado bancos estadounidenses para lavar dinero) estos personajes violaron las leyes de este país.

El FIFAGate es un parteaguas puesto que tal exhibición de corrupción orilló a la FIFA a reconocer que sus reglamentos (y los de sociedades afiliadas como la Conmebol o la Uefa) nunca pueden estar por encima de las leyes de cada país.

Esto quiere decir que derechos tales como los de la seguridad pública y del trabajo no pueden ser sancionados por organismos deportivos cuando estos son materia de derecho. A inicios de este 2018, el futbolista peruano Paolo Guerrero logró ampararse de una sanción por dopaje por parte de FIFA y del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) recurriendo a los tribunales civiles de Suiza. De este modo logró jugar el mundial de Rusia 2018.

Antaño, un recurso tan audaz como el de Paolo Guerrero hubiera causado la suspensión automática de la Federación Peruana de Fútbol (así estaba reglamentado por la FIFA en sus estatutos). Pero el FIFAGate ha orillado a los organismos balompédicos a reconocer cuán frágiles y pésimamente escritos están sus reglamentos de competencia.

Ahora que la dirigencia de Boca Juniors planea ganar la Libertadores sobre la mesa, valiéndose del inciso dos del artículo ocho de la Conmebol ("Las Asociaciones Miembro y clubes son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio..."), River puede argumentar que garantizar la seguridad y el orden no es competencia de River en tanto asociación civil, sino de las autoridades legalmente constituidas de la República Argentina. Es decir, el estadio de River se halla localizado sobre territorio soberano argentino, y no sobre territorio de la FIFA o de la Conmebol.

Esto no quiere decir que ciertos miembros de la dirigencia de River no puedan ser hallados responsables de actos de negligencia o corrupción (justo como en 2015 pasó con Figueredo y Leoz), sino que el resultado deportivo de una final no puede ser determinado por una situación de violencia cuya sanción le compete al gobierno argentino.

Si Boca comete la torpeza de acudir al TAS, River puede valerse de la "solución Paolo Guerrero" y amparar individualmente a su plantilla de futbolistas ante la Corte Federal de Suiza. A la espera de la resolución de los magistrados suizos, Conmebol se quedará sin representante en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos.

Así, legalmente hablando, la dirigencia de Boca debe exigir de las autoridades argentinas la investigación y el procesamiento de los culpables de las agresiones contra su autobús (como pasó en Alemania con quien atacó el autobús del Borussia Dortmund). Y, deportivamente hablando, la dirigencia de Boca debería abogar por ganar las copas jugando al fútbol.