La jueza de distrito Stephanie Gallagher pidió a la administración que "haga una solicitud de buena fe al gobierno de El Salvador" para que libere a un venezolano de 20 años identificado como 'Christian' y este pueda ser trasladado de regreso a Estados Unidos, en donde tiene una solicitud de asilo pendiente.
La orden de la Corte Suprema pidió a la administración de Donald Trump no expulsar a ningún venezolano detenido en el Bluebonnet Detention Center "hasta una siguiente orden de esta corte". El juez Samuel Alito lo consideró un alivio "sin precedente" y "otorgado de forma prematura y precipitada".
Bukele llegó a un acuerdo bajo el cual Estados Unidos pagará alrededor de seis millones de dólares para que El Salvador encarcele a los inmigrantes venezolanos durante un año. Pero el presidente salvadoreño también podría buscar alivio del arancel del 10% recientemente impuesto por Trump.
La orden de la jueza federal de distrito Paula Xinis reafirma un fallo que dio días antes, rechazando los argumentos de que el gobierno no puede facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García porque ya no está bajo custodia de EEUU.
Erez Reuveni, subdirector interino de la Oficina de Litigios de Inmigración, representó al gobierno en una audiencia tras la cual una jueza ordenó que Kilmar Ábrego García sea regresado a EEUU tras su errónea expulsión a El Salvador.
El caso de Kilmar Armando Ábrego García parece ser la primera vez que el gobierno reconoce un error relacionado a sus polémicos vuelos de deportación a El Salvador, que son objeto de una batalla legal.
El caso de Kilmar Armando Ábrego García parece ser la primera vez que el gobierno reconoce un error relacionado a sus polémicos vuelos de deportación a El Salvador, que son objeto de una batalla legal.
La portavoz del gobierno de Donald Trump alegó en un comunicado que la orden del juez "no tenía fundamento legal" y fue emitida después de que los migrantes enviados a El Salvador ya habían sido retirados del territorio de EEUU.
Esto se da poco después de que el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una controvertida norma de tiempos de guerra que data de hace más de 200 años y con la que busca acelerar su política de deportaciones.
